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Este viernes, a las 11.00 horas, hay llamamiento especial para participar en la concentración convocada por la comunidad educativa del instituto Cantabria, en La Albericia, contra la gasolinera en obras justo al lado.

La Asociación de Padres del IES Cantabria de Santander acusa a las Administraciones local y regional de haber sido «indiferentes» ante la salud y seguridad del alumnado durante la tramitación del procedimiento de la licencia para la construcción de una gasolinera «a 10 metros del centro educativo», y en una calle donde ya existen tres.

Las familias del centro no comparten que el Gobierno regional se declare «incompetente» en materia de sanidad y comprobación ambiental en la autorización del expediente de la gasolinera.

La AMPA afirma que la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Santander es «claramente incompleta» porque faltan «informes clave en el procedimiento». Además, sostiene que si el Ayuntamiento tiene competencia para emitir informes «tan vitales» como los de ruido, incendios, seguridad vial, urbanismo, etcétera, «sí tiene capacidad para haber dictaminado la no adecuación de ubicar una gasolinera pegada a las aulas del instituto, ni por salud ni por seguridad». En relación al Gobierno, la AMPA explicó que en la reunión que mantuvo con la consejera de Educación, Marina Lombó, ésta se manifestó «sin competencias en la construcción de la gasolinera». Sin embargo, las familias del IES Cantabria consideran que la Consejería «sí tiene competencia y capacidad para analizar por su personal técnico todos los informes emitidos en el expediente y su idoneidad para la afección a la salud del profesorado y del centro educativo». Igualmente ha censurado que mientras se fomentan valores como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, «la vicepresidencia nos manifiesta que no tiene competencia para ordenar a los Servicios Jurídicos de la Consejería a revisar el expediente».

Con todo, lo que “más indigna” a los padres es que la Dirección General de Salud Pública “no se haya querido reunir con las familias argumentando que no tienen competencia en el expediente de la gasolinera”, cuando un estudio de la Universidad de Murcia demuestra que el aire de las gasolineras y de sus inmediaciones contienen compuestos orgánicos volátiles altamente contaminantes, como el benceno, que incrementa el riesgo de padecer cáncer y leucemia. Además, Salud Pública forma parte de la Comisión de Comprobación Ambiental que ha emitido el informe favorable a la estación de servicio cercana al Instituto donde cursan sus estudios 1.300 menores de edad.

“Igualmente indignante” es que tampoco la Dirección General de Medio Ambiente haya querido recibir al AMPA cuando además preside la Comisión de Comprobación Ambiental y cuando ha emitido un informe favorable a la gasolinera teniendo en cuenta que la Ley 17/2006 de control ambiental obliga a que las licencias para la realización de actividades que puedan ser causa de molestias, riesgos o daños para las personas, sus bienes o el medio ambiente, se otorgarán previa comprobación y evaluación de su incidencia ambiental y debe establecer las condiciones necesarias para la protección de las personas y sus bienes, así como del medio ambiente, y las medidas preventivas de control, han recordado las familias.
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